La difícil situación de la vivienda que enfrentan muchos cubanos que residen en La Habana, han llevado a muchas personas a ocupar locales estatales abandonados debido a que no tienen dónde vivir, informó Diario de Cuba.
Una de estas personas es René Rodríguez, un cubano que residía en La Habana Vieja en una edificación que sufrió un derrumbe parcial, por lo que tuvo que él y su familia se fueron a un local abandonado cerca de su antigua vivienda.
“Aquí me metí con toda mi familia porque toda la parte delantera del edificio se derrumbó y yo tengo dos niños pequeños, no estamos dispuestos a morir, y además estábamos hacinados. Los primeros días la policía y funcionarios de la Vivienda intentaron sacarnos, pero cuando vieron que no nos íbamos a mover de aquí no me han molestado más. No estamos como quisiéramos, pero al menos nos sentimos más seguros”, declaró.
Pero René no es el único que vive en este lugar que es una antigua marmolería, de hecho, en la actualidad al menos cuatro familias que perdieron sus viviendas han llenado ese lugar y han tratado de acomodarlo para subsistir, pues las autoridades no son capaces de resolverles el problema.
Cerca de ese local se encuentra otro sitio abandonado que fue ocupado en septiembre del pasado año por tres madres que lo utilizan como vivienda provisional.
“Yo vivía en una casa en muy malas condiciones en esta misma calle Inquisidor, el techo del cuarto que mi mamá había hecho para mí se me desplomó casi encima estando embarazada. Por un milagro salvé la vida de mi hija y debido a eso me dieron albergue, pero las condiciones allí son pésimas, sobre todo una humedad insoportable. Para evitar que me sacaran de este lugar decidí romper la cerradura del local junto a dos mujeres más, también necesitadas y con hijos. Aun así, los tres primeros meses que aquí estuvimos fueron de un hostigamiento constante por parte de la policía, los funcionarios de Vivienda y de la Oficina del Historiador”, expresó Ariadne Ceballos Domínguez.
La mayoría de las familias que han tenido que tomar estas decisiones aseguran que están dispuestos a abandonar los locales estatales que ocuparon siempre y cuando las autoridades les garanticen viviendas dignas, pero esto no ocurre, pues el gobierno solo se limita a tratar de desalojarlos sin saber dónde vivirán después.
