Los presos políticos del 11J, Yosvany Rossell García Caso, recluido en la provincia de Holguín, y Aníbal Yaciel Palau Jacinto, encarcelado en la provincia de Mayabeque, se encuentran actualmente en huelga de hambre, denunció el activista Marcel Valdés, quien alertó sobre el crítico panorama que se vive en las cárceles del régimen cubano.
En tal sentido, Valdés publicó: “He leído varias denuncias de que hay más presos políticos a lo largo de la isla también en huelga de hambre. Lo que se está viviendo en las cárceles castristas es crítico: los presos políticos necesitan más visibilidad y apoyo internacional, y no me refiero solo a la comunidad cubana. Las instituciones internacionales y los gobiernos democráticos que apoyan la libertad de Cuba tienen que demostrarlo con acciones, no con más palabras. Todo el que pueda, que comparta esta denuncia”.
Yosvany Rossell, injustamente privado de libertad, inició su huelga en protesta por la injusticia cometida en su contra y el sufrimiento prolongado que él y su familia enfrentan desde su encarcelamiento.
Su esposa, Mailin Sánchez, denunció en redes sociales que la vida de Yosvany corre peligro debido al deterioro progresivo de su salud y a la falta de atención médica por parte de las autoridades penitenciarias.
“Lleva 23 días en huelga de hambre y su cuerpo empeora cada vez más. Ya no puede sostenerse en pie porque está muy débil y ha perdido mucho peso. Pido una cadena de oración y apoyo internacional para Yosvany Rossell García, preso político y de conciencia, injustamente encarcelado. Es padre de tres hijos. No lo dejemos morir. A todos los medios internacionales les hacemos un llamado urgente: ONU, OEA, Unión Europea, Amnistía Internacional, Derechos Humanos Cuba, Observatorio Cubano de Derechos Humanos, y a todos los países del mundo comprometidos con la defensa de los derechos humanos. ¡Ayuda para Yosvany!”, manifestó.
Por su parte, Aníbal Yaciel Palau Jacinto, inició la huelga el pasado 5 de noviembre como protesta pacífica tras haber sido golpeado brutalmente por un oficial durante una requisa. Según su madre, Layda Yirkis Jacinto, el propio oficial que lo agredió ahora intenta fabricarle una nueva causa, acusándolo del delito de atentado.
A través de las redes sociales, varios activistas han denunciado los abusos cometidos contra ambos y han exigido que se libere a todos los presos políticos.